que es la ley de obediencia debida y punto final en argentina

Qué es la Ley de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina

✅Son leyes que en los 80 otorgaron impunidad a militares por crímenes de la dictadura; anuladas en 2003, permitiendo juicios por delitos de lesa humanidad.


La Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final son dos normativas argentinas promulgadas en la década de 1980 con el objetivo de poner fin a los juicios contra militares y fuerzas de seguridad involucrados en violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983). Estas leyes intentaron garantizar la impunidad de aquellos que participaron en delitos de lesa humanidad bajo el pretexto de haber actuado bajo órdenes superiores.

Para comprender a fondo el impacto y las implicaciones de estas leyes, es importante analizar el contexto histórico en el cual fueron sancionadas, así como su contenido y las consecuencias sociales y judiciales que provocaron. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada una de estas leyes y su repercusión en la sociedad argentina.

Ley de Punto Final

La Ley de Punto Final (Ley No. 23.492) fue sancionada el 24 de diciembre de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Esta ley establecía un plazo de 60 días para presentar denuncias y procesos judiciales contra los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Pasado este plazo, quedaban extinguidas las acciones penales contra los acusados que no hubieran sido denunciados.

El objetivo declarado de esta ley era proporcionar una especie de cierre a los procesos judiciales, argumentando que la continuidad de los juicios ponía en riesgo la estabilidad democrática del país. Sin embargo, la ley fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general, quienes la consideraron una forma de garantizar la impunidad de los represores.

Consecuencias de la Ley de Punto Final

  • Impunidad: Muchos militares y fuerzas de seguridad no fueron juzgados ni condenados debido a esta ley.
  • Protestas Sociales: La sanción de la ley provocó numerosas protestas y movilizaciones de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
  • Revisión Judicial: En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Punto Final, permitiendo la reanudación de los juicios.
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Ley de Obediencia Debida

La Ley de Obediencia Debida (Ley No. 23.521) fue promulgada el 4 de junio de 1987. Esta normativa establecía que los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura eran resultado de la «obediencia debida» a órdenes superiores y, por lo tanto, los subordinados no eran responsables de sus acciones. Sólo se excluían de esta exoneración a los altos mandos y a los responsables de delitos específicos como el robo de bebés.

Implicaciones de la Ley de Obediencia Debida

  • Exoneración Masiva: La mayoría de los militares de rangos medios y bajos fueron exonerados de responsabilidad penal.
  • Controversia: La ley fue muy controversial y generó un gran rechazo en la sociedad, especialmente entre los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
  • Revocación: Al igual que la Ley de Punto Final, la Ley de Obediencia Debida fue declarada inconstitucional en 2005, permitiendo la reapertura de juicios.

La sanción y posterior anulación de estas leyes marcan un capítulo significativo en la historia argentina, reflejando la lucha por la justicia y la memoria en el país. Estos actos legislativos y sus consecuencias siguen siendo objeto de estudio y debate en la sociedad argentina y en el ámbito internacional.

Impacto de la Ley de Obediencia Debida en la sociedad argentina

La Ley de Obediencia Debida tuvo un impacto significativo en la sociedad argentina, generando controversia y debate en torno a la justicia, la memoria y la reconciliación después de un período oscuro de la historia del país.

Esta ley, promulgada en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, establecía que los crímenes cometidos por militares durante la dictadura no serían castigados si se demostraba que habían sido cometidos bajo órdenes superiores. Por otro lado, la Ley de Punto Final, sancionada en 1986, estableció un plazo de dos años para iniciar acciones legales contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

El impacto de estas leyes en la sociedad argentina fue profundo y duradero. Por un lado, generaron un clima de impunidad que ha sido objeto de críticas y protestas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Por otro lado, algunas voces argumentaban que estas leyes eran necesarias para evitar un quiebre institucional y garantizar la estabilidad democrática en un momento delicado de la historia argentina.

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El debate en torno a la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final ha continuado hasta la actualidad, con movilizaciones, juicios y debates públicos que buscan esclarecer la verdad, promover la justicia y mantener viva la memoria de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Es importante analizar el impacto de estas leyes en la sociedad argentina desde diferentes perspectivas, considerando tanto sus consecuencias inmediatas como sus efectos a largo plazo en la construcción de una memoria colectiva y en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

Proceso de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

El proceso de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina fue un hito trascendental en la historia del país. Estas leyes, promulgadas durante la dictadura militar en la década de 1980, otorgaban impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período.

La derogación de estas leyes fue un paso crucial hacia la justicia y la memoria histórica en Argentina. Se llevó a cabo a partir del año 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner, quien impulsó políticas de memoria, verdad y justicia para enfrentar el legado de la dictadura.

Uno de los momentos clave en este proceso fue la anulación de la Ley de Punto Final en 2005 por parte de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de dicha ley. Esto abrió la puerta para que los responsables de crímenes de lesa humanidad fueran llevados a juicio y condenados, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad.

Por su parte, la Ley de Obediencia Debida fue derogada en 2007, también por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley, que eximía de responsabilidad a los subordinados que cumplían órdenes superiores, fue considerada incompatible con los principios de justicia y derechos humanos.

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La derogación de estas leyes representó un avance significativo en la consolidación de un Estado de derecho y en la garantía de que los crímenes de lesa humanidad no quedarían impunes en Argentina. Además, sentó un precedente en la región latinoamericana en la lucha contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley de Obediencia Debida en Argentina?

La Ley de Obediencia Debida fue una normativa que eximía de responsabilidad a militares que habían participado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

¿Y la Ley de Punto Final?

La Ley de Punto Final establecía un plazo para poder juzgar a los responsables de crímenes durante la dictadura militar en Argentina.

¿Cuál fue la repercusión de estas leyes en la sociedad argentina?

Estas leyes generaron controversia y dividieron a la sociedad argentina, ya que muchos consideraban que impedían la justicia y la verdad sobre lo sucedido durante la dictadura.

¿Se llegaron a derogar estas leyes en Argentina?

Sí, tanto la Ley de Obediencia Debida como la Ley de Punto Final fueron derogadas en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

¿Qué impacto tuvo la derogación de estas leyes en el país?

La derogación de estas leyes permitió reabrir casos judiciales y avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura militar en Argentina.

¿Qué medidas se tomaron para reparar a las víctimas de la dictadura?

Se implementaron políticas de memoria, verdad y justicia, así como programas de reparación y reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

Puntos clave sobre la Ley de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina
1. Establecieron normativas que afectaron la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad.
2. Generaron debates y divisiones en la sociedad argentina.
3. Fueron derogadas en 2003, permitiendo avanzar en la justicia para las víctimas de la dictadura.
4. Se implementaron políticas de memoria, verdad y justicia para reparar a las víctimas.

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